SC11575-2015
Radicación n° 11001-31-03-020-2006-00514-01
(Aprobada en sesión de 5 de mayo de dos mil quince)
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Luz Marina Díaz González frente a la sentencia de 22 de octubre de 2012 y la complementaria de 25 de enero de 2013, proferidas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que aquélla promovió junto con Julio Márquez Chía, Natalia y Nicolás Márquez Díaz contra Leonardo Montaña, Edison Lisímaco Malaver, Marco Antonio Parra Cely, José Antonio Neissa, José Alberto Amado, Rápido Humadea S. A. y la Cooperativa de Transportadores Flota Norte Limitada “Coflonorte Ltda.”, al que fue llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria S. A.
3.- Notificados de la demanda, los accionados se pronunciaron así:
a.-) Edison Lisímaco Malaver y José Antonio Amado se opusieron a las pretensiones y excepcionaron de fondo “confesión judicial consagrada en el artículo 194 del C. de P.C.”, “confesión mediante apoderado consagrada en el artículo 197 del C. de P.C.”, “falta de legitimación por pasiva”, “de la responsabilidad civil extracontractual del demandado Leonardo Montaña y de ausencia de responsabilidad civil extracontractual para Edison Lisímaco Malaver”, “prescripción”, “inexistencia de la obligación de indemnizar”, “excesiva e injustificada solicitud de los perjuicios” y “…prejudicialidad” (fls. 182 a 198).
b.-) Marco Antonio Parra Cely y José Antonio Neissa formularon las defensas de mérito que denominaron “hecho de un tercero como fuerza mayor o caso fortuito”, “falta de prueba sobre los perjuicios” y “excesiva e injustificada tasación de los perjuicios”.
c.-) Rápido Humadea S. A. esgrimió la “falta de legitimación en la causa”, “culpa exclusiva del vehículo de placas XID 526”, “petición de modo indebido”, “prescripción”, “temeridad o mala fe” y “la genérica” (folios 212 al 216).
d.-) Seguros Colpatria S.A., sociedad llamada en garantía, frente al pliego inicial invocó la “imposibilidad jurídica de reclamar doble indemnización de perjuicios por los mismos hechos” y la “genérica”, y en relación con su convocatoria planteó las de “prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros”, “ausencia de cobertura de los denominados perjuicios morales en la póliza invocada como fundamento del llamamiento en garantía” y “límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada y deducible pactado” (fls. 17 a 24 del. c. 3).
Se sintetizan de la siguiente manera:
1.- Los presupuestos procesales están reunidos, y no hay motivo de nulidad que invalide lo actuado.
2.- La controversia se sitúa dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, pues, si bien dentro de los hechos se mencionó el vínculo negocial entre Luz Marina Díaz González y Coflonorte Ltda., las resoluciones cuestionadas “en nada tocan o se relacionan con la situación que en la demanda se planteó como fenómeno contractual”.
3.- No hay duda ni controversia sobre la ocurrencia del siniestro en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González, esposa de Julio Márquez Chía y madre de Nicolás y Natalia Márquez Díaz, que involucró a los vehículos de placas XID 526 (bus) y SUK 307 (camión), el primero manejado por Leonardo Montaña, vinculado a Coflonorte Ltda. y cuyos dueños son Marco Antonio Parra y José Antonio Neissa, y el segundo conducido por Edison Lisímaco Malaver, de propiedad del mismo y José Alberto Amado y afiliado a Rápido Humadea S. A.
4.- Este caso se enmarca dentro de las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, que regula la responsabilidad generada por el ejercicio de actividades peligrosas desplegada en la conducción de automotores.
5.- Los accionados Edison Lisímaco Malaver y José Alberto Amado aspiran a ser eximidos de responsabilidad, alegando que quedó establecido que el camión sólo “intentó salir, es decir asomarse”, pero no invadió el carril opuesto, por lo que no tuvo injerencia en el infortunio.
Analizado el acervo probatorio, particularmente las declaraciones de Luz Marina Díaz y Manuel Rátiva Nempeque, se advierte que no halla respaldo la posición planteada por los recurrentes, toda vez que contrario a la crítica que se hace a la labor del a-quo, este detalló en forma precisa, cuidadosa y detenida los elementos de acreditación obrantes en el plenario, “por lo que el fallo llegó a las precisas y acertadas conclusiones que dieron al traste con las intenciones de liberación de culpa y responsabilidad pretendida por los demandados”.
6.- Rápido Humadea S. A. solicita ser absuelta, indicando que su vínculo con el vehículo SUK 307 es un contrato de “afiliación” sin administración, que el camión está destinado para la carga de mercancías, y que no tenía control y vigilancia del mismo, siendo ella, de quien los ocupa en su momento.
Para desestimar la anterior argumentación, se observa que aunque el clausulado del referido convenio evidencia que los dueños conservaron todas las facultades “administrativas” del rodante, a tenor del artículo 1602 del Código Civil tal pacto sólo vincula a las partes, y por lo tanto, no sirve para exonerar a la compañía respecto de terceros, quedándole a salvo la facultad de repetir contra los contratistas. Además, si pretendía algún beneficio por esa condición, no demostró, como le correspondía, que el bien transitara por cuenta de otra firma.
7.- La alzada de los demandantes se circunscribe a las decisiones relacionadas con los perjuicios materiales, puesto que frente a los morales ninguna inconformidad se manifiesta.
a.-) En cuanto al daño emergente, se comparte la conclusión del fallo de primera instancia sobre la falta de medio para acreditar la existencia y pérdida del dinero y de los objetos que la lesionada afirmó llevar al tiempo del insuceso.
Respecto de los gastos erogados para la recuperación de la salud de Luz Marina Díaz González, es decir, los pagos hechos por servicios médicos, el juzgador de primer grado valoró los documentos que informan de la cuantía de esas expensas y tuvo en cuenta el principio de congruencia para fijar su reconocimiento. Sin embargo, no puede acogerse el reproche según el cual algunos declarantes mencionaron el desembolso de sumas superiores, pues, cabe preguntarse por qué la afectada, siendo abogada, no las pidió concretamente desde el comienzo, amén de que si las canceló debió haber exigido los comprobantes que les dieran consistencia a esas versiones.
b.-) Atinente al lucro cesante, la sentencia de primer grado sopesó en forma seria, amplia y específica el acervo probatorio, ya que se refirió a los testimonios de Marina Judith Carvajal, Sandra Patricia Gutiérrez González, Luz Stella Castiblanco, Claudia Patricia Gallo Cely, Arcadio Ramírez Galeano y Álvaro Barragán Martínez, sin demeritar la seriedad de su relato sobre las múltiples labores que Díaz González desempeñaba en ejercicio de su profesión. Cosa diferente es que hubieran suministrado un dato “preciso, concreto o indiscutible” sobre lo que ésta efectivamente devengaba, de donde “no se puede compartir con el escrito de sustentación de la apelación, que exista incongruencia, desatención o diferentes criterios al respecto”.
Igualmente, explicó por qué le restó mérito al dictamen pericial, y no se limitó al examen de esa probanza, pues,
“[A]nalizando elementos de juicio propios de la situación, como precisamente la profesión y que la lesionada no se trataba de una persona que tuviera una entrada fija, sino que dependía de un promedio no asegurado y más bien transitorio; es decir, que no se puede decir que es estable y permanente. Entonces fueron precisamente esas premisas, las que llevaron al juzgador de la instancia a exponer un concepto, señalando las bases o límites de donde partió para definir un monto calculado, atendiendo además que la demandante no está inhabilitada para desarrollar su profesión y por ende el promedio relacionado con la incapacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y que las secuelas no se ha determinado que sean permanentes, por eso igualmente expuso las fórmulas que le dieron el convencimiento de lo que en justicia y equidad debía conceder en ese aspecto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante”.
El daño futuro consiste en “el reconocimiento de una suma total capitalizada”, que compensa el ingreso dejado de recibir producto del daño durante el tiempo posible de productividad, esto es, “cuando el daño sea con secuela de carácter permanente, cuestión que en este caso no se ha determinado, luego no se puede ponderar, partiendo del presupuesto legal de que el reconocimiento de los daños es de orden objetivo y no presunto”.
8.- La acusación que se hace al juzgado, de falta de estudio de la prueba allegada y practicada, no tiene asidero, porque allí sí se efectuó un detallado análisis del plexo demostrativo, máxime si se tiene en cuenta la autonomía de los falladores de instancia en su ponderación.
III.- ARGUMENTOS DE LA COMPLEMENTACIÓN
1.- A tenor del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la resolución de la Sala no contiene inexactitud que precise su corrección.
Sin embargo, es claro que no se hizo pronunciamiento de la solicitud análoga que otrora se elevó en relación con la providencia del inferior, por lo que, en consecuencia, se señalará que la suma de nueve millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve ($9.194.889) reconocida por el a-quo, corresponde a daño emergente y no a lucro cesante.
2.- Sobre el descuento del sesenta y cinco por ciento (65%) del total calculado para el lucro cesante pasado, debe indicarse que el hecho de que la actora destine gran parte de sus ingresos al cubrimiento de sus gastos, ello no significa que estos pierdan su naturaleza de ganancias dejadas de percibir, “razonamiento de gran importancia” para modificar el fallo impugnado y no deducir la proporción mencionada.
3.- No procede la petición de aclaración encaminada a que se otorgue el lucro cesante futuro,
“[P]uesto que si bien la víctima sobreviviente logró demostrar un ingreso hasta la fecha en la que se realizó la experticia que tenía por objeto la cuantificación de los daños irrogados, también es patente y no contradictorio que sus ingresos no fueron constantes, por lo tanto, la negativa al lucro cesante futuro, se encontró bien denegado y así se avaló con la confirmatoria de la decisión, evidencia argumentativa que da lugar para desestimar el reclamo mencionado”.
Con fundamento en la causal primera, tres ataques se formulan contra el fallo de segunda instancia; los dos primeros por la vía indirecta, errores de hecho y de derecho, respectivamente, y el último por la directa.
Se aprehenderá el análisis conjunto del primero y el tercero, por tener vocación de prosperidad, y ser útiles para su resolución argumentos comunes, y, además, por cuanto la facultad de ligar cargos del linaje anunciado no es exótica, ya que la Sala lo ha hecho en diferentes ocasiones, entre ellas, en sentencias CSJ SC de 4 de octubre de 1982, GJ. 2406, págs. 211 a 217; CSJ SC de 5 de septiembre de 2001, Rad. n° 5868 y CSJ SC de 23 de agosto de 2004, Rad. n° 17961.
Denuncia la violación indirecta de los artículos 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil, y el 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, que llevaron a declarar probada la excepción de “excesiva e injustificada solicitud de perjuicios” y a negar el reconocimiento del lucro cesante futuro.
Sustenta el ataque de la siguiente forma:
1.- Está acreditado que Luz Marina Díaz González tiene, a consecuencia del accidente, una incapacidad laboral permanente parcial, y que para el momento del percance percibía ingresos en una cuantía determinada.
2.- En el plenario obran dos elementos demostrativos, que no “encontraron repercusión” en el fallo, cuando, su ponderación, evidentemente, habría arrojado un resultado distinto.
a.-) Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.
1°) Milita a folios 53 a 55 del cuaderno principal, se aportó por la actora, no fue tachado u objetado por la contraparte, es idóneo y su contenido es de carácter obligatorio respecto de la disminución de la aptitud laboral de una persona, según el artículo 42 de la ley 100 de 1993.
2°) En su contenido, fija una pérdida de la capacidad laboral de Díaz González del treinta y seis punto cuarenta por ciento (36,40%), que ubica a la recurrente en “situación de incapacidad permanente parcial”.
3°) El error del Tribunal consiste en que no tuvo por probado el detrimento, al aseverar que “…la demandante no está inhabilitada para desarrollar su profesión y por ende el promedio relacionado con la incapacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y que las secuelas no se ha determinado que sea (sic) permanentes” (destacado en el original).
4°) Es nítida y evidente la mutilación del alcance de ese instrumento persuasivo, “…pues tratándose de las secuelas respecto de la capacidad laboral de una persona, la prueba de mayor convencimiento es el dictamen de las juntas de calificación de invalidez”.
b.-) Dictamen pericial.
1°) Aparece a folios 562 a 608; satisface los requisitos de existencia, validez y eficacia probatoria; y, sin embargo, se observan las quejas de algunos demandados, quienes sin colmar los requisitos de una objeción aducen errores graves que no definen, frente a lo que la parte contraria se pronunció y el auxiliar de la justicia ratificó la “legalidad y firmeza probatoria” de su trabajo.
2°) El a-quo “sorpresivamente” aseguró en la sentencia que “existe error grave en la tasación de los perjuicios”, porque
“[L]a cifra a la que llegó el auxiliar resulta exagerada por cuanto no tuvo en cuenta los gastos personales de la demandante, y si bien en su mayoría los deponentes afirmaron que era una abogada brillante y que percibía buenos ingresos de sus múltiples oficios, también es cierto que el número de negocios y por supuesto de ingresos es relativo, tan es así que la misma demandante no tenía una cifra mensual fija por sus entradas…”.
3°) Esas consideraciones fueron confirmadas por el ad-quem, de donde se sigue que realmente no hay un error grave que legitime desatender la experticia, incurriéndose, de contera, en una “valoración arbitraria de las pruebas”.
3.- De haberse efectuado el análisis pertinente de las dos evidencias relacionadas, se habría otorgado el lucro cesante futuro, en la cuantía establecida por el perito.
Reprocha la trasgresión directa, por interpretación indebida, de los artículos 1613, 1614, 2341 y 2356 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998.
Apoya la censura así:
1°) La infracción se produjo en el momento en el que para establecer la procedencia del “lucro cesante futuro” a favor de Luz Marina Díaz González, el juzgador de segundo grado exigió unos requisitos que ni las normas como tampoco los precedentes han contemplado.
2°) No hay duda de que la disposición que viene al caso es el artículo 2356 del Código Civil y su desarrollo jurisprudencial, de acuerdo con los cuales lo preponderante para que proceda la indemnización del daño es que exista, lo que se halla relacionado con la certidumbre del mismo.
3°) Lo anterior no puede confundirse con la indemnización del lucro cesante futuro, que es perfectamente posible, en tanto parte de “la certeza de daño y cuantificación actual para la determinación de sus consecuencias futuras si dicho daño tiene la capacidad de alterar esa situación favorable en el tiempo al sujeto del daño”.
4°) Los presupuestos del daño futuro indemnizable son: (i) la prolongación de la situación actual, (ii) razonable seguridad de que la perjudicada va a sobrevivir y (iii) que sea posible cuantificar el agravio. Por lo tanto, los razonamientos de los juzgadores de instancia para no otorgar la indemnización por el “lucro cesante futuro”, esto es, por ser Luz Marina trabajadora independiente y percibir ingresos variables, no son otra cosa que
“[L]a manifestación fehaciente de la indebida interpretación de la ley que conlleva a que el dicho del fallador esté inmerso en la causal de casación alegada: el juez desconoce en el sub lite el daño cierto, cuantificado y probado porque pretende indemnizar el daño eventual que por obvias razones no conoce, pero, que, además, no es indemnizable”.
En otros términos, el sentido equivocado que se dio a las normas citadas estribó en estimar que “para obtener el derecho a la liquidación de un lucro cesante futuro, era menester acreditar que los ingresos de la demandante serían constantes hacia el futuro”, con lo que se terminó cercenando el derecho a una “indemnización integral”, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte, entre ellas, CSJ SC, 17 de nov. de 2005, Rad. 7567, reiterada 14 de nov. de 2014, Rad. 2007-00447-01.
“…Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (…) En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”.
Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, Rad. 2004-00649, reiterada 8 de abril de 2014, Rad. 2009-00743-01, indicó la Sala que
“[E]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (…) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (…) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644)”.
Lo anterior significa, expresa o traduce, según el precedente de la Sala, que
“[E]l juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio” (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01).
No se llama a duda que el yerro encontrado es evidente, porque el informe se aportó con la demanda, e inequívocamente consigna las conclusiones a las que se ha hecho mención, a las que, por lo demás, se arribó previa relación de los exámenes practicados, y de las deficiencias, discapacidades y minusvalías halladas.
El desatino igualmente es trascendente, porque tal preterición de ese medio demostrativo, condujo a establecer una premisa fáctica errada, que a su vez soportó uno de los pilares que tuvo el ad-quem para negar el daño futuro en cuestión. Asimismo, la incidencia de ese “dictamen” se pone de relieve al constatar que proviene de una institución que, según la normatividad vigente para la época del accidente, Decreto 917 de 1999, estaba facultada para la “determinación de la incapacidad permanente parcial”, pues, según el artículo 4° de dicho cuerpo normativo “la determinación de la declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial, la realizarán [entre otros] Las Administradoras de Riesgos Profesionales […] Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), [y] las Juntas de Calificación de la Invalidez, conforme a los procedimientos definidos por las normas vigentes en la materia”.
10.- Por último, en lo que se relaciona con el dictamen pericial rendido en el curso del proceso, cumple destacar que el error de hecho denunciado, si en gracia de discusión estuviera configurado, carecería de relevancia, porque lo echado de menos por el Tribunal fue en su momento un ingreso constante, estable, fijo, permanente por parte de la lesionada, y no la tasación de un lucro cesante futuro hasta la expectativa de vida de la perjudicada, que resultó ser la tarea que emprendieron los peritos, y que con el cargo se pretende recalcar.
11.- En resumen, la violación directa de las normas denunciadas y la existencia del yerro fáctico concerniente a la preterición del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez Bogotá – Cundinamarca, es suficiente para la prosperidad del cargo, y el consecuente rompimiento parcial del fallo del Tribunal, exclusivamente, en lo atiente al lucro cesante futuro.
12.- No habrá lugar a condena en costas, ante la bienandanza del recurso, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.
VI.- SENTENCIA SUSTITUTIVA
1.- Al quedar sin piso parcialmente la providencia materia de censura, corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo atacado.
2.- Sin embargo, revisado el expediente y con el propósito de averiguar si la lesionada estuvo vinculada a los sistemas de salud y pensiones en los cinco años anteriores al accidente, así como el tiempo por el cual ella puede tener participación activa en el ejercicio profesional de abogada, pues, como se ha manifestado en otras ocasiones, “tratándose de indemnizaciones por lucro cesante futuro derivado del ejercicio profesional liberal, ‘es natural tener en cuenta la declinación de la vida, que disminuye la capacidad de trabajo, la que no siempre se mantiene uniforme en toda la duración de aquélla’” (sentencia de 22 de julio de 1943, reiterada CSJ SC de 3 de octubre de 2003, Rad. 7368), se hace necesario el decreto de pruebas de oficio, en uso de las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, así:
Oficios:
1°) Al Ministerio de Trabajo para que por intermedio de la dependencia y el funcionario calificado, y en el término de treinta días, señale siguiendo las pautas establecidas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuál sería la vida probable laboral productiva de una mujer que en la ciudad de Bogotá en el año 2003 ejercía independientemente la profesión de abogada litigante y asesora, teniendo en cuenta que en esa época contaba con cuarenta y seis años de edad.
2°) A la Superintendencia Nacional de Salud para que informe si Luz Marina Díaz González estuvo vinculada al Sistema general de Seguridad Social en Salud durante los años 1998 a 2003, y en caso afirmativo, en qué condición y el ingreso base de cotización.
3°) A la Superintendencia Financiera para que señale si Luz Marina Díaz González estuvo vinculada al Sistema General de Pensiones durante los años 1998 a 2003, y en caso afirmativo, el ingreso base de cotización.
3.- La Secretaría, sin necesidad de pronunciamiento previo, deberá:
a.-) Librar los oficios.
b.-) Controlar la oportunidad y el contenido de las respuestas.
c.-) Acuciar, sin necesidad de auto que lo ordene, la evacuación de los medios dispuestos.
d.-) Pasar a Despacho, en oportunidad, el expediente para lo que en derecho corresponda.
VII.- DECISIÓN
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 22 de octubre de 2012 y la complementaria de 25 de enero de 2013, proferidas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de la referencia y en sede de instancia, antes de proferir el fallo de reemplazo dispone la práctica de las pruebas de oficio enunciadas.
Sin costas dentro de la impugnación extraordinaria, ante la prosperidad del recurso.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ